• Entre las medidas aprobadas, para efectos de transparencia vía Ley del Lobby, se aprobó la definición de sujetos pasivos a los funcionarios de la Central de Abastecimiento.

Por aprobado dieron los integrantes de la Comisión de Salud, aspectos relacionados con los conflictos de interés, esto en el marco de la discusión en particular del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

Los parlamentarios se encuentran votando una serie de indicaciones realizadas a la propuesta en primer trámite. En su última sesión dieron luz verde al párrafo referido a los reportes de transparencia. Ello fue valorado por la presidenta de la instancia, la senadora Carolina Goic, quien aseguró que “con esta norma regulamos los conflictos de interés para entregar más transparencia y garantías a los pacientes de que no existirá tráfico de influencias”.

“Otro tema tiene que ver con el problema que tienen muchas mujeres con hijos con cáncer que se ven en la obligación de importar células madres. Ellas debían pagar el IVA, aparte del injerto propiamente tal. Aprobamos la exención del IVA en estos casos. El Ejecutivo nos ha escuchado y tomó nuestra propuesta, sin embargo como este cambio es de naturaleza tributaria, deberá verse en la Cámara Baja”, explicó la congresista.

Respecto a las disposiciones en pro de la transparencia, el senador Guido Girardi manifestó que “nuestra idea es terminar con todos los abusos de los laboratorios y farmacias. Hoy vimos los conflictos de interés de toda la línea de producción y distribución de fármacos. Es importante separar cualquier tipo de interés que hoy se cruzan y nadie lo regula”.

LO APROBADO

Se aprobó la definición de sujeto activo. “Se entenderá por tal cualquier entidad o personas que se dedique a la fabricación, importación, producción, preparación, combinación, conversión, transformación, difusión, promoción, comercialización o distribución de productos sanitarios”.

También se dio luz verde al concepto de sujeto pasivo (“médicos, prestadores de salud, centros de investigación científica, las personas con facultades para decidir sobre las adquisiciones de productos sanitarios, el personal de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) y los Servicios de Salud (SS), y las instituciones de educación superior que impartan carreras del área de la salud”).

En cuanto a las personas relacionadas, se hicieron algunos cambios, por lo que el numeral quedó como sigue: “Se entenderán por éstas, a los cónyuges o convivientes civiles, hijos o parientas hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, de las personas señaladas anteriormente; y las personas jurídicas en las cuales los sujetos pasivos o activos tengan al menos el 10% de participación”.

También se despachó que “los sujetos activos deban reportar al Ministerio de Salud (Minsal) y al Instituto de Salud Pública (ISP), y publicar en sus sitios web, las transferencias de valor efectuadas a los sujetos pasivos”.

A su vez, se entenderá por conflicto de interés, “una situación donde un juicio o acción que debería estar determinado por un interés primario establecido por razones profesionales o éticas, puede ser influido o parecer sesgado con motivo de la obtención de un interés secundario”.

Se aprobó que las infracciones a este respecto, sean sancionadas con 100 a 10 mil UTM (entre 4 millones quinientos mil pesos a cuatrocientos cincuenta mil aproximadamente). “Si el infractor obtuviere un beneficio económico a consecuencia de la infracción, la multa será equivalente al doble del beneficio obtenido, si éste fuera superior a 10 mil UTM. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse hasta el triple del beneficio económico obtenido”.

Otro aspecto despachado fue que “el aprovechamiento de tejidos o partes del cuerpo de un donante vivo, para su injerto en otra persona, sólo se permitirá cuando fuere a título gratuito con fines terapéuticos. Bajo las mismas condiciones, se permitirá el aprovechamiento de células, fluidos y otros componentes”.

PENDIENTE

Para una próxima sesión quedó pendiente la votación respecto a la obligación que tendrán farmacias, almacenes farmacéuticos y establecimientos asistenciales de atención cerrada y ambulatoria de informar al público, de manera permanente, los precios de los productos farmacéuticos.

En tal sentido, se estipula que el ISP será el encargado de recoger dicha información y publicarla en su sitio web, de manera que los pacientes puedan comparar precios.

Una indicación del Ejecutivo y un par del senador Guido Girardi apuntaban en esa dirección. En tanto, este legislador planteó la idea de que estos recintos informen en forma mensual al Minsal y el ISP, sus ventas.

FUNDACIÓN LAS ROSAS

En la sesión también se recibió al capellán de la fundación Las Rosas, el padre Andrés Ariztía, quien explicó las condiciones económicas en que se encuentran, particularmente respecto a un convenio que deben renovar con el Minsal.

El religioso comentó que la fundación cobija a dos mil 200 abuelitos, la mayor parte de los cuales tienen más de 80 años. “Tras la aplicación de la reforma previsional, vimos un aumento considerable en el número de ancianos en condiciones físicas deplorables. Pasamos de una dependencia funcional de un 73% en el 2009 a un 96% el 2016. En el 2009, teníamos un 26% de residentes autovalentes y hoy son solo 4,5%”, explicó.

También comentó que cada abuelito que reciben, tiene en promedio, 8 patologías crónicas (hipertensión, accidentes vasculares, diabetes mellitus 1, incontinencia, oxigeno-dependencia, uso de sonda nasogástrica). “Un 75% de los residentes se encuentra en condición de hospitalización, entonces podemos asegurar que somos un centro de salud del adulto mayor”, aclaró.

Respecto del convenio con el Minsal, el padre Ariztía explicó que desde el 2013 se han visto favorecidos con una subvención que beneficia a 444 residentes, lo que representa un 20% del total de abuelitos de la fundación. “Lo que estamos pidiendo es renovar el convenio, pero también hacerlo extensivo a todos los residentes. Hoy los recursos para los 444 residentes equivalen a mil 700 millones de pesos; pero necesitamos seis mil 750 millones”, indicó.

La Comisión apoyó la demanda de la fundación, por lo que acordaron invitar a la Ministra de Salud, Carmen Castillo; y a la directora de Fonasa, Jeanette Vega, de manera de estudiar la factibilidad del incremento de los beneficiados.

FUENTE: Senado.cl